2009/02/10

23F La noche más larga de la democracia

Fue un Lunes, 23 de febrero de 1981, sobre las 18.30. En el Congreso de los Diputados se realizaba la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo. Inesperadamente, se oye un alboroto, un guardia civil abre la puerta de una patada y un grupo de gente armada asalta la cámara.

Se oye al teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero:

«--Quieto todo el mundo»

«--Quietos»

«--Al suelo todo el mundo»

Vestidos de guardia civiles, los asaltantes se reparten por el hemiciclo. Políticos y periodistas son sorprendidos, paralizados unos, amenazados los otros, inmovilizados a la fuerza. El general Gutiérrez Mellado, el militar de más alta graduación allí presente y vicepresidente del gobierno, se levantó y, dirigiéndose al teniente coronel Tejero, increpó a los asaltantes, pidiendo explicaciones y ordenándoles que depusieran las armas. Tras un brevísimo forcejeo y para reafirmar su orden, Tejero efectúa un disparo que es seguido por unas ráfagas de los subfusiles de los asaltantes. El diputado Carrillo permanece en su asiento, el Presidente Suárez intenta ayudar a Gutiérrez Mellado y el resto de los Diputados se esconden bajo sus escaños.



Esto que acabo de narrarles fue la parte más representativa del intento de golpe de estado perpetrado por algunos mandos militares:

Antonio Tejero se convierte en el personaje más relevante de esta historia. Ya estuvo 14 meses condenado por una intentona golpista desarticulada en noviembre de 1978 (busquen: "Operación Galaxia"). 30 años condenado -15 años en prisión, por el 23F y en estos momentos es un jubilado que disfruta de su vejez y el sol de Málaga y, esporádicamente es visto increpando la tranquilidad democrática de nuestro país (busquen sus últimas declaraciones contra el "Estatut de Catalunya")





Bajo el gobierno de UCD, la España de 1981 vive un ambiente de tensión protagonizado, principalmente por los problemas derivados de la crisis económica, las dificultades para articular una nueva organización territorial del Estado, las acciones terroristas protagonizadas por ETA y la resistencia de ciertos sectores del ejército a aceptar un sistema democrático.

La debilidad creciente de Suárez en el seno de su propio partido, propicia la presentación de su dimisión como presidente del Gobierno y de UCD. En medio de este tenso clima, se ponen en marcha los procesos de sustitución de Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo es nombrado candidato a presidente del Gobierno. Y durante la sesión de envestidura se produce el asalto al hemiciclo.



Poco después y siguiendo el plan previsto, se sublevó en Valencia el Capitán General de la III Región Militar, Jaime Milans del Bosch. Fue el único de los capitanes generales de España que se sumó al golpe sin reservas y realizó acciones ofensivas de importancia: sacó algunas compañias de carros de combate a la calle, desde el puerto de Valencia hasta el centro de la ciudad, donde apuntaban a los edificios institucionales, como el Ayuntamiento o las Cortes valencianas. Declaró el Estado de excepción e intentó convencer a otros militares de secundar la acción.

Por allí también deambuló el general Alfonso Armada, parte del plan golpista, quien pretendía sibilinamente, simulando negociar con los asaltantes, proponerse como solución de compromiso. Se descubrió que estaba implicado cuando se ofreció al Jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Gabeiras, para ir en persona al Congreso a proponer a Tejero una salida: su ofrecimiento para presidir un gobierno mixto militar y civil con presencia de líderes políticos (Tejero se negó rotundamente a que entrasen socialistas y comunistas en el gobierno y ahí empezó el fin del golpe) Más tarde, descubiertos sus planes, sería relevado de su puesto de 2º Jefe del Estado Mayor del Ejército por su implicación en la trama golpista. Tras pasar varios años en la cárcel, el 24 de diciembre de 1988, el Gobierno le indultó alegando razones de salud y que el reo acataba la Constitución española. Desde su salida de prisión vive en su Pazo de Ortigueira, en Santa Cruz de Ribadulla (Vedra, La Coruña, Galicia), donde se dedica al cultivo y venta de camelias.

Como estábamos narrando, a la medianoche, Alfonso Armada se presentó en el Congreso con un doble objetivo: convencer al teniente coronel Tejero que depusiera su actitud y asumir él mismo el papel de jefe del Gobierno a las órdenes del rey, en actitud claramente anticonstitucional. Pero Armada no era la "autoridad competente" esperada y Tejero lo despachó violentamente.

Antonio Tejero esperaba el Elefante blanco, aún hoy no se ha resuelto de quien se trataba; unas hipótesis apuntan que era Jaime Milans del Bosch, otras que era Alfonso Armada aúnque Tejero le negara. Algunos analistas consideran que era un mero símbolo del Ejército en su conjunto. La identidad del Elefante Blanco, el promotor del golpe al que Tejero esperaba en el Congreso para hacerse cargo del gobierno y que nunca apareció, no ha trascendido y sigue siendo un misterio.



A las nueve de la noche, un comunicado del Ministerio del Interior informaba de la constitución de un gobierno provisional con subsecretarios de diferentes instancias ministeriales, presidido por Francisco Laína, para asegurar la gobernación del Estado y en estrecho contacto con la Junta de Jefes del Estado Mayor. Entretanto, otro general golpista, Torres Rojas, fracasaba en su intento de suplantar en el mando de la División Acorazada Brunete al general José Juste, jefe de la misma. También se resisitió la Primera Región Militar, con Guillermo Quintana Lacaci como capitán general. Así se abortó la pretensión de ocupar los puntos estratégicos de la capital, entre ellos la sede de Radio y Televisión (Las instalaciones de Prado del Rey permanecieron ocupadas por varios destacamentos de la Brunete alrededor de dos horas, en las que Televisión Española alteró su programación y Radio Nacional emitió marchas militares).

Fiel al ordenamiento constitucional, el director general de la Guardia Civil, el general José Luis Aramburu Topete, se dirigió al Congreso para emplazar a Tejero a rendirse. El teniente coronel golpista se mantuvo firme, llegando a amenazar a Aramburu con pegarle un tiro y luego suicidarse. A la vista de su empecinamiento, el jefe de la Benemérita decidió retirarse.



La negativa del Rey Juan Carlos I a apoyar el golpe permitió abortarlo a lo largo de la noche. El propio monarca se aseguró mediante gestiones personales y de sus colaboradores la fidelidad de los mandos militares. También destacó la actitud del presidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol, quien poco antes de las diez de la noche transmitía a toda España por las emisoras de Radio Nacional y Radio Exterior una locución donde llamaba a la tranquilidad. Hasta la una de la noche tuvieron lugar gestiones desde el Hotel Palace, en los alrededores del Congreso, lugar elegido como centro de operaciones por el general Aramburu Topete, entonces Director General de la Guardia Civil y el general Sáenz de Santa María, a su vez Director General de la Policía Nacional.

Tras el mensaje televisado del Rey, los militares que aún no se habían pronunciado, decidieron quedarse de lado de la legalidad. A pesar de la falta de apoyos, Milans del Bosch se negó a deponer las armas, no entregándose hasta las 5 horas de la mañana del día 24.


García Carrés, máximo exponente del sindicato vertical franquista y era íntimo amigo de Tejero y de algunos de los generales que participaron desde la sombra en la asonada militar, pero que lograron quedar fuera de la investigación. También fue el responsable de la compra de cinco autobuses de segunda mano para trasladar a los guardias hasta el Congreso, aunque finalmente no fueron utilizados. (Los autobuses fueron adquiridos a nombre de la esposa de Tejero, Carmen Díaz Pereira, falsificándole la firma y sin que ella lo supiera.)

Fue el único civil condenado -a dos años de cárcel- por la asonada militar, estuvo en contacto telefónico con Tejero toda la tarde del golpe durante más de cuatro horas. Carrés hizo de puente entre el teniente coronel de la Guardia Civil y los hombres de confianza de Milans del Bosch en la Capitanía de Valencia: el coronel Diego Ibáñez Inglés y el teniente coronel Pedro Mas Oliver.

La última llamada de García Carrés al Congreso se produjo a las 0.30 horas, ya en la madrugada del 24 de febrero, pero nadie le contestó. Media hora más tarde, recibió una llamada anónima anunciándole que la policía se dirigía a su casa. A las 3.30 horas fue detenido en su propio domicilio.

El hecho de que García Carrés no fuera militar lo dejó en un segundo lugar en el consejo de guerra celebrado en los cuarteles de Campamento. Ni siquiera fue admitido para que posara en la histórica fotografía en la que aparecen todos los procesados por el golpe.


La jornada del 24-F fue testigo de una de las manifestaciones ciudadanas más multitudinarias de la historia de España: un millón y medio de personas se congregaron en Madrid detrás de una pancarta que rezaba «Por la libertad, la democracia y la Constitución»


Nada más producirse el asalto al Congreso, el golpe fue condenado con toda dureza por los países de la posterior Unión Europea, con quienes España estaba negociando una adhesión que se produciría finalmente en 1986. De entre todos los estados miembros conviene destacar por su energía la protesta del Reino Unido y especialmente la entonces Primera Ministra, Margaret Thatcher, que calificó la sublevación militar como «un acto terrorista».

Por su parte, Estados Unidos se mantuvo oficialmente neutral en cuanto al proceso, aunque existen diversos indicios que parecen indicar que la administración Reagan estaba enterada del mismo con antelación gracias a los informes de la CIA. Entre las actitudes sospechosas que protagonizó EE.UU. están el recibimiento de futuros militares golpistas españoles en Washington en 1980, el incremento de los movimientos norteamericanos en el Estrecho de Gibraltar en los días previos y el estado de alerta decretado en la base aérea de Torrejón de Ardoz desde el domingo anterior al golpe. El propio Tejero, sentado en el banquillo de los acusados durante el juicio que siguió al golpe, afirmó sin reparos que «tanto el gobierno de EE.UU. como el Vaticano habían sido sondeados por el general Armada» (el Vaticano se encontraba reunido el día 23 en una Asamblea Episcopal, por lo que no realizó declaraciones hasta el día 24, cuando condenó el golpe ya fracasado). Tras la entrada de Tejero en el Hemiciclo, el Secretario de Estado norteamericano, el General Alexander Haig, se limitó a decir que «El asalto al Congreso de los Diputados es un asunto interno de los españoles», lo que le valió severas críticas internacionales; una vez fracasado el golpe cambió sus declaraciones por un sorprendente «Tenemos que congratularnos de que en España haya triunfado la democracia».



Asimismo, no ha sido suficientemente aclarado el papel desempeñado por el comandante del entonces denominado CESID, José Luis Cortina, absuelto en el juicio por falta de pruebas, si bien el capitán Gómez Iglesias un subordinado suyo fue condenado por organizar la llegada de los guardias civiles asaltantes al congreso utilizando vehiculos, placas de matricula falsas y equipos de transmisiones pertenecientes a la escuela de agentes operativos del CESID.

Los 30 condenados en el juicio fueron los siguientes:

Miembros de las Fuerzas Armadas:
1. Jaime Milans del Bosch y Ussía. Teniente General y Capitán General de la III Región Militar. Condenado a 30 años.
2. Alfonso Armada y Comyn. General de División y 2º Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Condenado a 30 años.
3. Luis Torres Rojas. General de División y Gobernador Militar de La Coruña. Condenado a 6 años, ampliada 12 por el Tribunal Supremo (TS), indultado en 1988.
4. Diego Ibáñez Inglés. Coronel de Ingenieros y 2º Jefe de Estado Mayor de la III Región Militar. Condenado a 5 años, ampliada a 10 por el TS.
5. José Ignacio San Martín López. Coronel de Artillería y Jefe de Estado Mayor de la División Acorazada Brunete. Condenado a 6 años, ampliada a 10 por el TS.
6. Pedro Mas Oliver. Teniente Coronel de Infantería. Condenado a 6 años.
7. Camilo Menéndez Vives. Capitán de Navío de la Armada. Condenado a 1 año.
8. Ricardo Pardo Zancada. Comandante de Infantería. Condenado a 6 años, ampliada a 12 por el TS, indultado en 1989.
9. Carlos Alvárez-Arenas y Pardina. Capitán de Infantería. 3 años de suspensión de empleo.
10. José Pascual Gálvez. Capitán de Infantería. 3 años de suspensión de empleo.
11. Francisco Dusmet García-Figueras. Capitán de Infantería. 2 años de suspensión de empleo.
12. José Cid Fortea. Capitán de Intendencia. 2 años de suspensión de empleo.

Miembros de la Guardia Civil:
1. Miguel Manchado García. Coronel. Condenado a 6 años, ampliada a 8 por el TS.
2. Antonio Tejero Molina. Teniente Coronel. Condenado a 30 años.
3. Vicente Gómez Iglesias. Capitán. Condenado a 6 años.
4. Jesús Muñecas Aguilar. Capitán. Condenado a 5 años.
5. José Luis Abad Gutiérrez. Capitán. Condenado a 5 años.
6. Enrique Bobis González. Capitán. Condenado a 3 años.
7. Francisco Acera Martín. Capitán. Condenado a 3 años.
8. Carlos Lázaro Corthay. Capitán. 3 años de suspensión de empleo.
9. Juan Pérez de la Lastra. Capitán. 3 años de suspensión de empleo.
10. César Alvárez Fernández. Teniente. Condenado a 1 año.
11. Pedro Izquierdo Sánchez. Teniente. Condenado a 1 año.
12. Vicente Ramos Rueda. Teniente. Condenado a 1 año.
13. Santiago Vecino Núñez. Teniente. Condenado a 1 año.
14. Miguel Boza Carranco. Teniente. Condenado a 1 año.
15. Jesús Alonso Hernaiz. Teniente. Condenado a 1 año.
16. José Núñez Ruano. Teniente. 1 año de suspensión de empleo.
17. Vicente Carricondo Sánchez. Teniente. 1 año de suspensión de empleo.

Civiles:
1. Juan García Carrés. ex dirigente de los Sindicatos Verticales franquistas. Condenado a 2 años.

En 1996, tras la salida de la cárcel de Tejero, los protagonistas del fallido golpe ya se hallaban en libertad. Todos ellos se beneficiaron de indultos.

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