>Juan Garcia Carrés, antiguo dirigente del sindicalismo vertical y Raimundo Fernández-Cuesta, líder de Falange Española de las JONS (FE de las JONS), han negado ante la autoridad judicial cualquier tipo de vinculación personal o política con los procesados por la matanza del despacho laboralista de la calle de Atocha, de Madrid, según ha podido saber EL PAIS. Los señores Fernández-Cuesta y García Carrés prestaron ayer declaración como testigos, el primero durante más de dos horas y el segundo durante hora y media, ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, que instruye el sumario de Atocha a instancias de los abogados de la acusación particular. A la salida del juzgado, el señor Fernández-Cuesta se negó a hacer declaraciones, mientras; que el señor García Carrés explicó, desde su particular perspectiva política, el hecho de haber sido citado a declarar.
«Estoy asombrado -dijo- de lo que está pasando en España. Esto no es más que un estado de confusión. Los que hemos sido fieles a los juramentos que prestamos estamos sentados en una especie de banquillo, y los perjuros ocupan los altos cargos del poder. Objetivo de todo esto es desprestigiar a los que hemos tenido conciencia y ponernos de blanco como en un tiro de pichón. Así que los que nos han hecho venir a declarar aquí que respondan con sus conciencias de lo que nos pueda pasar».
Con posterioridad a los señores Fernández-Cuesta y García Carrés declaró Claudio Grande, padre político del procesado Fernández Cerra, a quien este último hizo una llamada telefónica desde Almería antes de ser detenido.
Protesta de la acusación
Iniciadas a las diez y media de la mañana, las declaraciones se vieron afectadas desde el principio por un incidente originado por la presencia, autorizada por el juez, del abogado defensor del procesa do Francisco Albadalejo, uno de los principales encartados. Los abogados de la acusación particular protestaron ante el juez por la presencia del defensor de uno de los procesados, por estimar que la misma no estaba autorizada por la ley de Enjuiciamiento Criminal. Ante el anuncio del juez de que la prueba se efectuaría tal y como estaba prevista. los abogados de la acusación particular decidieron estar presentes en la práctica de la misma, aunque facultaron a uno de ellos, el abogado Antonio Rato, a interponer el correspondiente recurso. En éste se recuerda que la ley de Enjuiciamiento Criminal establece expresamente que las declaraciones de los testigos se liarán sin que esté presente el procesado o su defensor, y se afirma que la presencia de un representante del reo en la declaración de un testigo puede coartar la libertad de éste, limitando la espontaneidad de sus manifestaciones acusatorias.
Respuestas en abstracto
La declaración de García Carrés fue ocasión para que el antiguo dirigente del verticalismo sindical hiciera una amplia exposición sobre el funcionamiento y características de este tipo de sindicalismo. Según ha podido saber EL PAIS, el señor García Carrés negó conocer una y otra vez a los procesados y sólo admitió haber mantenido relación con Fernández Palacios, este último funcionario sindical, procesado en el sumario de Atocha -aunque no como inductor y ejecutor de los asesinatos- y, actualmente, en libertad provisional.
La tendencia del señor García Carrés y del señor Fernández Cuesta a responder en abstracto a las preguntas concretas que se les formulaba motivó que en más de una ocasión los abogados de la acusación particular rogaran al juez que llamase la atención a los testigos sobre este extremo.
Una vez terminada la declaración del señor García Carrés, se produjo un nuevo incidente, cuyo desarrollo hicieron que constase en acta los abogados de la acusación particular. A ruegos del señor García Carrés, el juez instructor acompañó a este último hasta la salita donde se encontraba esperando el testigo señor Fernández-Cuesta. Ambos testigos se saludaron y cambiaron impresiones durante algunos instantes. Una vez comenzado el interrogatorio del señor Fernández-Cuesta, los abogados de la acusación particular protestaron por este hecho y solicitaron que constase en acta, por entender que la ley de Enjuiciamiento Criminal prohíbe la comunicación entre sí de los testigos cuando están prestando declaración.
El señor Fernández-Cuesta, según ha podido saber EL PAIS, negó cualquier tipo de relación personal o política con los procesados y atribuyó a la casualidad el hecho de que algunos de éstos apareciesen junto a él en fotografías publicadas por la prensa. Respecto a la militancia política de los principales procesados, confesada por éstos como falangista, el señor Fernández-Cuesta negó que militasen en FE de las JONS y no pudo explicar su presencia en locales y en congresos de este partido, a pesar de que la misma sólo está permitida a los militantes.
La acusación particular, según ha declarado uno de los abogados que la representan, no descarta la posibilidad de que cuando terminen las declaraciones de los testigos se solicite del juez instructor un careo entre ésts y los procesados, para intentar aclarar las contradictorias declaraciones de unos y otros.
Los procesados han manifestado que conocen a los testigos y que militan en FE de las JONS.
Hoy continuarán las declaraciones con el interrogatorio de Blas Piñar, dirigente de Fuerza Nueva; Pedro Rodrigo, director de la revista del mismo nombre, y Luis Fernández Villamea. Como acusadores han actuado los abogados José María Stampa Braun, en representación del Colegio de Abogados, y José María Mohedano, Jaime Miralles, Jaime Sartorius, José Luis Núñez Casal, Cristina Almeida y Antonio Rato, en representación de los familiares de las víctimas.
Fuente: El PAÍS
García Carrés, máximo exponente del sindicato vertical franquista y era íntimo amigo de Tejero y de algunos de los generales que participaron desde la sombra en el 23F, pero que lograron quedar fuera de la investigación. También fue el responsable de la compra de cinco autobuses de segunda mano para trasladar a los guardias hasta el Congreso, aunque finalmente no fueron utilizados. (Los autobuses fueron adquiridos a nombre de la esposa de Tejero, Carmen Díaz Pereira, falsificándole la firma y sin que ella lo supiera.) Fue el único civil condenado -a dos años de cárcel- por la asonada militar, estuvo en contacto telefónico con Tejero toda la tarde del golpe durante más de cuatro horas. Carrés hizo de puente entre el teniente coronel de la Guardia Civil y los hombres de confianza de Milans del Bosch en la Capitanía de Valencia: el coronel Diego Ibáñez Inglés y el teniente coronel Pedro Mas Oliver. La última llamada de García Carrés al Congreso se produjo a las 0.30 horas, ya en la madrugada del 24 de febrero, pero nadie le contestó. Media hora más tarde, recibió una llamada anónima anunciándole que la policía se dirigía a su casa. A las 3.30 horas fue detenido en su propio domicilio. El hecho de que García Carrés no fuera militar lo dejó en un segundo lugar en el consejo de guerra celebrado en los cuarteles de Campamento. Ni siquiera fue admitido para que posara en la histórica fotografía en la que aparecen todos los procesados por el golpe.
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