| Todos los trabajadores de organismos de la UE están obligados a saber idiomas excepto los europarlamentarios, que cobran 7.000 €/mes |
Abril 2008: Sociedad. ¿Qué sentido tiene enviar a alguien que sólo sabe hablar castellano a que nos represente en la Unión Europea? Los europarlamentarios son los únicos trabajadores de organismos de las UE a quienes no se les exige el conocimiento de idiomas, requisito que sí se pide a todos los miembros del descomunal cuerpo de funcionarios de la administración europea. Ejemplos de esta ‘exportación’ de políticos profesionales escasamente preparados son los malagueños Celia Villalobos (PP) –antes- y Juan Fraile (PSOE) –ahora-, ambos incapaces de mantener una negociación en una lengua que no sea el español.
La decisión de convertir a una persona en europarlamentario corresponde a los partidos políticos, organizaciones que fijan listas únicas y cerradas de candidatos que luego los electores tiene a bien (o no) votar. Son nombramientos que se motivan en la gran mayoría de las ocasiones por cuestiones internas de las propias formaciones políticas. A estas alturas a nadie se le escapa que los pagos de favores, recompensas, despidos hacia arriba y luchas internas dentro de los partidos pesan mas que los méritos, la capacidad profesional, el conocimiento de las estructuras europeas o en este caso concreto, el conocimiento de idiomas. Criterio nada baladí si tenemos en cuenta que en Bruselas y Estrasburgo toca lidiar y negociar con franceses, italianos, ingleses, belgas, alemanes, polacos, búlgaros, finlandeses, rumanos, checos, suecos…
De hecho, a todos los funcionarios y ciudadanos comunitarios que quieran trabajar en cualquiera de las administraciones de la Unión Europea se les exige al menos el conocimiento de un idioma, además de la lengua materna. De este mínimo requisito se libran precisamente los encargados de representar a los ciudadanos: los europarlamentarios, a quienes no se les pide que sepan idiomas y eso sí, cobran unos 7.000 euros mensuales. Además, los europarlamentarios reciben 300 euros diarios en concepto de dietas, 3.500 euros anuales que no tienen que justificar y más de 14.000 euros al mes para pagar a sus ayudantes. Por otro lado, en caso de cumplir toda la legislatura, tienen derecho a una pensión vitalicia de casi 6.000 euros.
Así ha ocurrido y ocurre que los españoles hemos mandado a que nos representen en la Unión Europa a políticos profesionales con un currículo mediocre, únicamente avalados por su carrera en el partido y que son incapaces de articular un discurso y mantener una negociación si no es en castellano. Tal fue el caso hace unos años de la malagueña Celia Villalobos (PP) y tal es el caso hoy en día del también malagueño Juan Fraile (PSOE), recién estrenado en el cargo.
Ambos representan a una clase dirigente bregada en el ámbito local y provincial. Villalobos ha sido la imagen folclórica del PP y a pesar de haber sido ministra no cuenta con estudios superiores (no terminó la carrera de Derecho); antes de su meteórica ascensión en el PP no se le conoce oficio. Juan Fraile sí que tiene una licenciatura en Magisterio y fue maestro durante unos años, pero desde 1987 su carrera ha sido exclusivamente política. Ahora es eurodiputado, Villalobos lo fue entre 1994 y 1995. Otro malagueño que llegó a eurodiputado fue el ex alcalde Pedro Aparicio, que ocupó un escaño en la cámara europea desde 1995 a 2004.
Desde las varias oficinas de comunicación y servicios de prensa de la administración europea consultadas en Madrid y Bruselas (del Parlamento y de los grupos políticos) se han ido pasando la pelota para evitar responder las preguntas de El Observador sobre la existencia de otros eurodiputados españoles monolingües en la actualidad. Los responsables de prensa se justifican diciendo que la legión de traductores cumplen un papel fundamental en la fijación de textos legales que precisan de un conocimiento exhaustivo del idioma, así como en la concreción de términos económicos y jurídicos durante las reuniones, cosa absolutamente cierta, como tan cierto es que el arte de la política no se practica en exclusiva en las salas de reuniones oficiales de los edificios públicos sino más bien en ambientes más relajados y sin la incómoda mediación de un traductor.
En realidad, lo que ocurre con los parlamentarios es 
sintomático de nuestra clase política. Ningún presidente del gobierno español, exceptuando a Leopoldo Calvo Sotelo, sabía hablar inglés cuando ejerció su mandato. Adolfo Suárez y Felipe González dominaban el francés, Aznar ha aprendido inglés (con acento tejano) tras salir de la Moncloa. Zapatero es manifiestamente incapaz de expresarse en la lengua de Shakespeare. Pese a la espectacular apertura de este país en los últimos 30 años, los españoles seguimos estando a la cola en el nivel de conocimientos de idiomas y sólo los británicos son más ‘paletos’ que nosotros en este apartado de los idiomas.
Ahora bien, existen cientos de miles de jóvenes en este país que hablan al menos uno, sino dos, idiomas comunitarios, que han trabajado en multinacionales o en grandes empresas y que están bregados en negociaciones con extranjeros, que además han conocido Europa a través de becas como la Erasmus o por los populares viajes de Interrail o por otros medios, en definitiva, que están mejor preparados académicamente y seguramente más sensibilizados sobre los auténticos problemas sociales que los actuales europarlamentarios. Sin embargo y lamentablemente esta elite no es la que nos representa.
Quizás ha llegado la hora de exigir a nuestros políticos por lo menos lo mismo que a los funcionarios de menor rango.
FUENTE: www.revistaelobservador.com
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