Hui a aparegut esta noticia al Levante:
La policía aborta un montaje para coaccionar al abogado, José Luis Vera, de la acusación a Fabra.
El letrado habia recibido varias llamadas sospechosas por lo cual decidió hacer participe a la policia para que lo custodiase mientras se reunia con Raúl B, un supuesto empresario. Mientras la grabadora en formato de agenda -según descubrió después la policía- iba registrando la conversación, el supuesto cliente explicó que sus empresas, facturaban unos 7.100 millones. Los planes anunciados a Vera para justificar su interés por contratarlo eran abrir en enero la sede de Valencia con una plantilla de 85 trabajadores en su primera fase. Tan detallada era la trama supuestamente inventada para el presunto montaje contra el abogado de la acusación del caso Fabra, que el inesperado industrial llegó a lamentar que han tenido que prejubilar a 23 trabajadores de los que ya estaban en la empresa. El caso es que por los servicios de asesoramiento integral -laboral, mercantil, civil y fiscal- se le habló de unos honorarios superiores a 22 millones de pesetas mensuales, que es lo que, dijo, estaban pagando a su asesor en Ciudad Real. Dijo que en la delegación de Valencia «se incrementarían sustancialmente», según la denuncia. Para cerrar el trato vendría el jueves a Valencia el director general de la empresa, Héctor M.
Mientras iba fluyendo la historia, Raúl B. intercalaba comentarios que, según fuentes de la investigación, eran señuelos para buscar complicidades con Vera e inducirle a hacer comentarios que pudieran ser usados para desacreditar su actuación como abogado en el caso Fabra o en el caso Julio Iglesias-IVEX, donde el despacho en el que trabaja Vera representa al PSPV, que ejerce la acusación.
Por ejemplo, Raúl B. dijo ser «militante del PSOE». Vera replicó que él no y preguntó a qué venía el comentario. Su interlocutor aclaró que temía que el Consell, que le daba «asco», le pondrá trabas a su implantación en Valencia, según consta en la denuncia. En ese pasaje preguntó al letrado si conocía a alguien en Aduanas. Vera repitió varias veces que no. Acto seguido, Raúl B. explicó que el nombre de Vera le había sido recomendado por un letrado del PSOE en Ferraz. El supuesto empresario serigráfico dijo a Vera que le había traído un «detalle» para su esposa. Era un anillo de oro blanco con supuestos diamantes engarzados, según la denuncia. En ese momento, Vera recibió la llamada al móvil de uno de los agentes, que le conminó a reunirse con él en los lavabos. El letrado se excusó en que iba al baño y allí informó de lo ocurrido para pasmo del inspector.
A la vuelta, Raúl B. siguió poniendo anzuelos en busca de complicidad. «Ya es hora de que metamos en la cárcel a Fabra, que es un impresentable», comentó sin venir a cuento. El letrado dijo que el sigilo profesional le impedía hablar del asunto. Después, Rául B. le recordó su intervención en el Caiga quien Caiga...Y después preguntó por la relación del despacho con los medios de comunicación y hasta preguntó por Vicente Vilar, el industrial de Artana que acusó a Fabra de robarle patentes. Hasta habló de Marina d´Or, según la denuncia. La policía intervino entonces y se llevó a quienes se identificaron con un carné de prensa de Intereconomía.
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Segons ElPlural.com, el Grup Intereconomia, controlat per l'ex-diputat popular Julio Ariza, es convertí la setmana passada en el protector del polèmic president de la Diputació provincial de Castelló, al impedir que una reportera de CQC s'apropara a ell. Els periodistes d'Intereconomia pretenien burlar-se del programa CQC, segons ells, conforme ho fa aquest programa. La reportera de CQC, Estíbaliz Gabilondo, va ser boicotejada per quatre reporters d'Intereconomia TV quan intentava recollir unes declaracions de Fabra a València. Els protagonistes d'estos fets declararen que el passat mes de juliol foren ells els que reberen els insults inclús els trencaren una càmera, quan estaven investigant les relacions de José Blanco -PSOE- i Antonio Garcia Ferreras -La Sexta. Segons Plural.com este acte no fou tan innocent: entre els reporters estava el guardaespatlles que en el seu moment protegí als diputats trànsfugues Tamayo i Sáez -els que permitiren que Aguirre arribara a la presidència de la Comunitat de Madrid.
Fabra és el predisent de la Diputació de Castelló, se l'imputen, almenys nou delites relacionats amb la corrupció des de 2003, se l'acusa de fraude fiscal, malversació de fondos, suborn i tràfic d'influències. Les diligencies obertes són moltes i la justícia no dona coll, per això,El Consell General de Poder Judicial havia sol·licitat crear dos jutjats que alleujaren aquesta tasca. Però la Conselleria de Justícia no enviarà els funcionaris fins el proper gener. La instrucció no avança. Novament la Generalitat empara el caciquisme i la corrupció d'este país.
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