Las asociaciones de Memoria Histórica manifestan su decepción, aúnque el camino ya está trazado, ahora dependen del criterio de cada jurisdicción. Santiago Macias, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, ha declarado en la Cadena SER que estudiarán otras vías para que la investigación continúe: «Esto no es el final, el equipo de abogados están examinando el auto y viendo qué se puede hacer».También en esta emisora, la portavoz de los familiares que presentaron la denuncia ante el magistrado, Paqui Maqueda, ha mostrado el malestar por la decisión adoptada por el juez Baltasar Garzón. «Dejarlo en manos de los juzgados territoriales es un error», contaba Maqueda indignada.
No obstante, Garzón ratifica «con contundencia» tanto los motivos que le llevaron a abrir la investigación como su necesidad, «al tratarse de delitos permanentes cuya comisión o efectos jurídicos son actuales». En un auto de 152 folios, el magistrado acuerda además extinguir la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco en esta causa, así como la de otros 44 altos cargos de la dictadura, tras comprobar el fallecimiento de todos ellos. Eleva también atenta comunicación de esta resolución a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y al Ministerio de Justicia «hasta que gane firmeza» la inhibición acordada.Por ello, sugiere la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, siguiendo la recomendación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que también propone crear una comisión de expertos para «restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos» durante la Guerra Civil y la dictadura, y «permitir que las familias identifiquen y exhumen» a sus víctimas.
Para reforzar la idea de permanencia del delito destaca «el caso de las víctimas que puedan estar vivas» y se refiere concretamente a los miles de niños arrebatados a sus padres para ser educados en la «afección al régimen».
Fuente: www.lavanguardia.es, www.cadenaser.com
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